“A mí me han dado con la Ley Mordaza en toda la boca”

La escritora Consuelo García del Cid ha sido acusada de calumnias e injurias tras exponer ante el Senado español el drama de los bebés robados del franquismo y asegurar que en España “se continúan robando niños en manos de la Administración Pública.”

Consuelo García del Cid durante su intervención en el Senado el pasado 28 de mayo

Mientras el Parlamento Europeo y la ONU instan al gobierno español a investigar la trama de niños robados enraizada en la última dictadura, los presuntos involucrados se blindan ante las denuncias y criminalizan a víctimas y activistas. Es el caso de la investigadora y escritora Consuelo García del Cid Guerra, acusada de injurias y calumnias por poner sobre la mesa del Senado español el robo de niños desde el franquismo hasta el día de hoy. Y es que la activista manifestó que este delito de lesa humanidad sigue vigente en España gracias al actual Sistema de Protección de Menores que “ha cambiado en las formas, pero no en el fondo. Ahora el robo de niños es legal”. Después de recordar que existen más de 300.000 víctimas a las que aún se les niega el derecho a la identidad, García del Cid subrayó que en la actualidad “es más que alarmante el caso de secuestros institucionales de menores que atentan contra los derechos fundamentales de los niños y sus familias”. En su exposición, describió cómo ahora, sin necesidad de orden judicial y a través de un Ministerio de Asuntos Sociales regido en parte por funcionarios con varias décadas en sus cargos, se retiran hijos por motivos tan cuestionables como ser inmigrante o madre soltera, haber sido tutelada en la infancia, estar sin trabajo, en riesgo de pobreza o sufrir violencia de género. La escritora manifestó además que, cuando las familias intentan defenderse por la prohibitiva y lenta vía judicial «magistrados octogenarios que aplican el derecho de una manera autárquica y parcial, como por ejemplo el señor Carril Pan de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona, evitan de forma inconstitucional el traslado de estas causas al Tribunal Supremo. Y la falta de competencias es un derecho de gravedad y trascendencia jurídica por ser un claro indicio de prevaricación«. Estas palabras, recogidas en su libro El desmadre de los Servicios Sociales a través del testimonio de una afectada que vio archivarse una tras otra las denuncias que interpuso contra el citado magistrado, le han costado una acusación por vía penal a cargo de la Fiscalía Provincial de Madrid y del propio Carril Pan. Por delitos de injurias y calumnias contra funcionario público, Consuelo García del Cid tendrá que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona el próximo 16 de enero.

“Me parece indignante que se pueda ir contra un escritor que hace su trabajo de investigación –opinó el periodista Javier Salaberría en el programa de radio Vuelo 714– Es un ataque a la libertad de expresión. Lo que nos debería preocupar es lo que señala la investigadora, no si este señor se siente ofendido por unas declaraciones. A este juez lo definen como una institución del poder judicial, pero si él mueve más que el interés general, estamos ante el fracaso de la independencia judicial. Porque hubo una actuación instantánea de la Fiscalía sin contrastar lo que se expone en el libro de Consuelo y sin cuestionarse si el juez está diciendo la verdad, lo cual es muy preocupante mientras hay niños y familias que están sufriendo un sistema que es totalmente inhumano.”

Con miedo a la verdad

Amenazar con penas de cárcel y multas estratosféricas se ha convertido en la estrategia de un poder judicial que obstaculiza y archiva la mayoría de las denuncias sobre los niños robados, sin ni siquiera tomar testimonio. Uno de los motivos apunta a la implicación de jueces, médicos, abogados, políticos y personalidades relevantes del actual panorama español. Es el caso de Margarita Robles, Portavoz del PSOE en el Congreso, denunciada por el robo del bebé de Clara Alfonsa Reinoso en una clínica de Barcelona durante 1987, cuando Robles era Jueza de Menores. Aunque la causa se archivó, Reinoso intenta reabrirla con nuevas pruebas. Si su petición prospera, el escándalo será mayúsculo y salpicará a muchos nombres respetables.

“Entiendo que haya grupos políticos o grupos de élite que estén resistiendo porque alguna gente va a quedar expuesta en algo tan bárbaro como es robar niños a madres y padres -reflexiona David Carracedo, diputado por Podemos y Vocal de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia-. En la medida que empiece a ser viable iniciar una investigación seria como reclaman las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, vamos a encontrarnos con más casos como el de Consuelo, que es vergonzoso, ya que su libro plantea una serie de indicios razonables de posible prevaricación administrativa. Estamos ante una serie de mordidas de aquellos que se empiezan a ver acosados y temen lo que se les viene encima. Haría una reflexión acerca de la impunidad en este país y de la necesidad de acabar con ella.” concluye el parlamentario. Mientras, la realidad del actual Sistema de Protección de Menores español habla por sí sola: cada niño tutelado sirve para engordar una descomunal infraestructura institucional de centros gestionados por fundaciones religiosas y empresas privadas. Por cada menor se reciben entre 4000 y 9000 euros mensuales de las arcas públicas y de subvenciones europeas. Las familias son separadas a la fuerza de sus criaturas -despliegue policial mediante si hace falta y sin garantías procesales- por decisión de meros técnicos administrativos que pueden ordenar una retirada sin mediación judicial ni pruebas. El Estado español tutela en este momento a más de 40.000 niños y niñas, algunos por padecer verdaderas situaciones de desamparo como maltratos y abusos, pero a otros por considerar “no aptos” a sus padres y familiares biológicos al aplicar baremos ideológicos y morales similares a los de antaño, según García del Cid. Al respecto, el diputado David Carracedo añade “hay una fórmula legal que permite a los Servicios Sociales quitar la patria potestad permitiendo un abuso clasista en el que la Administración, con unos patrones muy claros, define qué deber ser un ‘hogar decente’ y unas condiciones de vida dignas mientras dictamina quitarles a sus niños a quienes no las cumplen.” Además, la investigadora apuntó durante su intervención en el Senado que órdenes religiosas como la de las Oblatas o Adoratrices, en la mira por el robo de niños de antes y a cargo de muchos centros de menores en la actualidad, son galardonadas con frecuencia sin haber depurado responsabilidades pasadas. En 2002 y 2012 se les otorgó la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social, y en 2015 el Premio de Derechos Humanos Rey de España.

Más voces críticas

Pero no sólo Consuelo García del Cid denuncia esta tragedia silenciada. Numerosos colectivos de trabajadores de lo social, movimientos de madres afectadas como el de Marea Turquesa o pediatras de renombre como Carlos González, se suman a visibilizar este drama. Por si fuera poco, el hacinamiento y las malas condiciones sufridas por las criaturas en los centros de menores están saliendo a la luz cada vez con mayor frecuencia. Incluso muertes no esclarecidas y redes de prostitución que se nutren de menores tutelados han saltado a los titulares en los últimos años.

 

El sistema de Protección también es muy criticado por romper de manera drástica todo vínculo biológico entre madres e hijos una vez separados, someterlos a un régimen carcelario en caso de concederse una hora de visita vigilada semanal o quincenal, y por entregar a los niños en adopción cuando las familias aún reclaman su vuelta a través del largo e infructuoso proceso judicial. Un sistema condenado desde Estrasburgo con varias sentencias contra la Administración española. Pero llegar a Bruselas cuesta unos diez años y, para ese entonces y por más que se les dé la razón a los padres, los hijos ya han sido adoptados y no hay vuelta atrás. Como señala Javier Salaberría, “es increíble la pasividad de la Fiscalía de Menores ante todas las denuncias que se están presentando sobre los abusos de la Administración en relación a las tutelas de menores”. Sin embargo, a la hora de procesar a los imputados por las propias instituciones, la Justicia cobra velocidad. Milud y Aicha estuvieron acampados en las puertas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales durante 15 meses. Les quitaron a sus tres hijos de golpe y les entregaron un único papel para justificar esa brutal intervención. A pesar de su angustia, nadie les decía dónde, cómo o con quién estaban sus hijos. Durante el tiempo que durmieron en una tienda de campaña a los pies de la sede de menores, tampoco obtuvieron ninguna respuesta. Pero ellos no se iban a marchar de allí sin sus niños. La hija mayor se escapó varias veces del centro donde la internaron para volver con sus padres. Pero al final, Milud y Aicha levantaron campamento por orden judicial. Catalina Cirer, que fue alto cargo de la Admistración de Menores, miembro del Partido Popular y actualmente investigada por prevaricación, denunció a la pareja por calumnias e injurias, ofendida con las pancartas que la señalaban como corrupta. En un juicio donde su declaración gozó de presunción de veracidad y sin ninguna prueba que acreditase su versión, Cirer testificó que Milud la había amenazado con el dedo. Él y su mujer han sido condenados a tres años de cárcel cada uno y a pagar 12000 euros de multa cuando apenas logran subsistir con sus modestos ingresos. A su hija mayor la trasladaron a más de mil kilómetros para evitar otras fugas. Está en uno de esos hogares terapéuticos para menores denunciados por Amnistía internacional en un informe llamado “Si vuelvo, me mato”.

A la Asociación mallorquina Infancia y Derecho, que surgió en defensa de éstos y otros muchos afectados, se la criminalizó abriendo una causa penal a dos de sus integrantes por el supuesto secuestro de un menor. Por calumnias e injurias también está imputada Pilar Lozano, activista del movimiento de madres afectadas Marea Turquesa . La lista es larga. En España, señalar la corrupción puede salir muy caro. De hecho, la primera en pisar la cárcel por la trama de niños robados del franquismo será Ascención López, una bebé robada acusada de calumnias e injurias por la monja a la que denunció. “El país que miente, oculta o niega su propia Historia, ya sea pasada o presente, está condenado irremediablemente a repetirla” dijo Consuelo García del Cid para cerrar esa intervención en el Senado que le puede costar la libertad y muchos miles de euros. Por el momento, el 16 de enero, fecha en la que la escritora está citada a declarar, habrá una concentración en su apoyo a las nueve de la mañana en la Ciutat de la Justicia de Barcelona.

Entre rejas por denunciar su adopción ilegal   Ascención López se animó a denunciar a la monja que en 1964 había tramitado su más que irregular adopción. De hecho, ni siquiera existe partida de nacimiento y su propia madre le confesó antes de morir que la compró recién nacida por 250.000 pesetas. Pero su gesto le acarreó una denuncia de injurias y calumnias por parte de la religiosa. Finalmente condenada, con dos hijos, sin recursos económicos y con una salud muy deteriorara, Ascención adeuda una indemnización de cuarenta mil euros a la monja y una multa de tres mil euros. Al no poder abonar esas cantidades, la bebé robada irá a prisión. El indulto, que se puede conceder siempre que la denunciante esté de acuerdo, tampoco ha sido viable. La religiosa no sólo le niega su perdón, sino que exige que se ejecute la condena con celeridad. Mientras, el caso de la adopción ilegal de Ascención ha sido archivado a pesar de los claros indicios que la señalan como víctima de la trama del robo de bebés.